Participaciones Preferentes

 

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Las participaciones preferentes (en adelante PPR), incorrectamente nombradas como “acciones preferentes” cuando no son ni acciones ni participaciones sociales, son definidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante CNMVV), como “valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho de voto. Tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada. Pueden generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido. El emisor suele reservarse el derecho a amortizarlas a partir de los cinco años, previa autorización del Banco de España”.

 

Son, por lo tanto, instrumentos financieros híbridos de capital sin la calificación jurídica de acciones o participaciones sociales; son atractivas para el inversor, principalmente porque ofrecen altas rentabilidades. Por el contrario, presenta un riesgo mayor y una liquidez menor que otras alternativas de inversión-financiación que ofrece el mercado, ya que en caso de querer deshacerse de ellas antes de tiempo, se estará obligado a acudir al mercado de cotización secundario y venderlas a otro comprador, sujetos en esta operación a los movimientos propios de oferta y demanda (lo que en estos tiempos, determinará sin duda alguna que tengas que venderlas a un precio menor no pudiendo recuperar la inversión inicial). Se trata, en definitiva de un producto complejo, confuso y de difícil comprensión, que exige de la entidad bancaria una completa y detallada información.

 

Desde otra perspectiva, la complejidad de este producto financiero justifica la dureza de las exigencias de información proyectadas en las entidades financieras para que puedan comercializarlas, existiendo un código de conducta presidida por los criterios de imparcialidad y buena fe, cuidado y diligencia y, en lo que aquí interesa, adecuada información tanto respecto de la clientela, a los fines de conocer su experiencia inversora y objetivos de la inversión, como frente al cliente proporcionándole toda la información de que dispongan que pueda ser relevante para la adopción por aquél de la decisión de inversión "haciendo hincapié en los riesgos que toda operación conlleva ". Y regulando exhaustivamente los deberes de información frente al cliente no profesional, entre otros extremos, sobre la naturaleza y riesgos del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece a los fines de que el cliente pueda "tomar decisiones sobre las Inversiones con conocimiento de causa" debiendo incluir la información las advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a los instrumentos o estrategias, no sin pasar por alto las concretas circunstancias del cliente y sus objetivos, recabando información del mismo sobre sus conocimientos, experiencias financiera y aquellos.

 

Frente a dicho escenario teórico, la realidad contraria ha sido que las PPR se han ofrecido habitualmente a clientes y usuarios cuyo planteamiento inicial era efectuar una imposición a plazo fijo, estando el depósito garantizado al 100%, y sin embargo se les aconsejó este otro producto de PPR, sin la debida información y con el argumento de que no solamente se ajustaba más a sus pretensiones, sino que además daba un interés mucho más atractivo que otras alternativas más tradicionales.

 

Ante dicha situación, son numerosos los pronunciamientos judiciales que frente a las demandas de reclamación de cantidad (la que se hubiera invertido en las PPR) formuladas por los usuarios, han apreciado la nulidad del contrato formalizado entre la entidad financiera y el cliente con base al error invalidante del negocio jurídico (considerado por nuestros tribunales de error esencial y además excusable), al desconocer este último el rendimiento del producto, el plazo de duración y la posibilidad del rescate, e ignorando en definitiva que no estaba contratando una operación segura, con un rendimiento fijo y rescatable como consideraba. Error que trae su causa del incumplimiento de la obligación de la entidad de asesorar fielmente a su cliente, haciendo una valoración de su perfil y ofreciéndole exclusivamente productos que se adecuaran al nivel de riesgos que es capaz de comprender y asumir un cliente con los conocimientos económicos o financieros como el que en cada caso se presente.

 

 

 

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