Derecho Militar

 

La jurisdicción militar presenta respecto a la ordinaria una serie de peculiaridades derivadas de la organización profundamente jerarquizada del Ejército, en el que la unidad y la disciplina representan un papel esencial para alcanzar los fines encomendados a la Institución por el art. 8 de la Constitución, tal y como reconoció el propio Tribunal Constitucional, en Sentencia 180/1985, de 19 de diciembre (LA LEY 2500/1978).


Dichas peculiaridades constituidas por los valores de la disciplina, jerarquización y unidad, representan bienes jurídicos cuya tutela corresponde a la jurisdicción militar, tutela que reconoce a todos los ciudadanos su derecho a obtener una respuesta judicial motivada, razonable y congruente con sus pretensiones, siempre que éstas se hubieran ejercido con cumplimiento de requisitos de procedibilidad legalmente establecidos (Sentencia del Tribunal Constitucional 235/1991).


Como conductas que se encuentran dentro del ámbito estrictamente castrense sujetas a la jurisdicción militar, cabría considerar aquellas que se hallan en conexión con los objetivos, fines, tareas y medios propios de las Fuerzas Armadas, lo que definirá la naturaleza del delito cometido cuando tales conductas comprometan esos objetivos y fines o dañen o lesionen esas tareas y medios militares.

 

Generalmente ese carácter militar vendrá determinado por la conexión de los hechos con las obligaciones y deberes que corresponden a los militares en cuanto miembros de las Fuerzas Armadas, siendo, por tanto, la condición militar del sujeto elemento revelador a tener en cuenta para la delimitación de ese ámbito castrense.


González & Asociados, a través de sus letrados especializados, podrán prestarle con solvencia el asesoramiento íntegro que precise con relación a cualquiera de los aspectos legales relacionados con el ejército, derecho penal militar y con el régimen de sus miembros, pudiéndose atender cualquier tipo de incidencia sobrevenida en el ámbito de esta jurisdicción especial.


El asesoramiento que ofrecemos abarca tanto:


v  La asistencia letrada durante la tramitación de un expediente disciplinario y/o expediente gubernativo por la comisión de infracciones disciplinarias militares;


v    Como la asistencia letrada a lo largo del procedimiento penal militar incoado por la comisión de alguno/os de los delitos tipificados en la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar.


Finalmente este Despacho, con el fin de estar en cada momento a la vanguardia frente a cualquier novedad legislativa, informa del nuevo régimen disciplinario militar que se pretende instaurar una vez el nuevo texto supere la tramitación parlamentaria correspondiente.

 

El Consejo de Ministros celebrado el pasado 10 de mayo de 2013, acordó remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.


Sus principales novedades respecto a la normativa anterior son las siguientes:


ü     Ampliación de las garantías del expedientado, al que se reconoce el derecho a la presunción de inocencia, a ser informado de la acusación disciplinaria, a la defensa, a la audiencia previa, a la utilización de los medios de prueba adecuados y a interponer los recursos correspondientes.


ü    Tutela judicial a todos los sancionados en la vía disciplinaria militar, con la posibilidad de interponer recurso contencioso-disciplinario militar ordinario contra las resoluciones adoptadas, incluso en los recursos por faltas leves, frente al criterio restrictivo de normas anteriores.


ü  Se contempla una simplificación de los trámites y las comunicaciones, que podrán realizarse de forma directa y por medios electrónicos. Asimismo, se suprime la formulación del pliego de cargos.


En cuanto a las sanciones, las principales novedades que presenta son:


ü      Se introduce la sanción económica (proporcional a la retribuciones de cada empleo) de uno a quince días, con pérdida de retribución proporcional al empleo, en iguales términos a los recogidos en el régimen disciplinario de otros ejércitos occidentales.


ü      Se reducen a la mitad las sanciones máximas de arresto: de treinta a catorce días por faltas leves y de dos meses a treinta días por faltas graves, mientras que se introduce la de arresto, máxima de sesenta días, para faltas muy graves.


ü    Cumplimiento de arrestos por faltas leves, sin perjuicio del servicio, en las unidades militares o en los domicilios de los sancionados, en lugar de en establecimientos penitenciarios.


ü      Se restringe la potestad disciplinaria a los jefes de unidades, lo que en la práctica supone otorgarla a los empleos de capitán/teniente de navío o superiores.


  Con respecto al personal de la Guardia Civil, la nueva norma establece en su Disposición Adicional Quinta la aplicación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas al personal de la Guardia Civil cuando actúe en misiones de carácter militar o cuando esté integrado en unidades militares.


 En último lugar destacar como la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas de 2011 ha determinado una profunda modificación de los tipos disciplinarios y se incorporan la protección de derechos y la sanción de deberes establecidos en ésta.


Como novedad, al tipificar las faltas, la nueva Ley:


§    Tiene muy en cuenta la especial gravedad de algunas conductas, como las relacionadas con la libertad de las personas: acoso sexual o profesional, discriminación y comportamientos que atenten contra la intimidad o la dignidad.


§    Castiga como falta leve la expresión pública de opiniones que, relacionadas estrictamente con el servicio, no se ajusten a los límites de la disciplina o supongan una falta de consideración con los superiores, de palabra, por escrito o por medios telemáticos.


§   Considera falta muy grave la reiteración en comportamientos sancionables, tutelando especialmente los valores de las Fuerzas Armadas, como la disciplina, los deberes del mando y del servicio, así como los derechos constitucionales de los militares.



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