Condiciones de contratación de consultas
Versión vigente desde el 3 de agosto de 2026.
1. Prestadora del servicio
María Elena González Lavado, NIF 09181664H, abogada colegiada n.º 3114 del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz, con domicilio profesional en Avda. de Extremadura 29, 2º, 06800 Mérida (Badajoz). Contacto: contacto@gonzalez-asociados.es y 924 314 031.
2. Objeto y formación del contrato
El formulario permite solicitar una consulta jurídica presencial o por videoconferencia. Seleccionar una franja y enviar los datos no confirma la cita ni genera un cobro. El despacho revisa la disponibilidad, la información mínima facilitada y la posible existencia de conflictos de intereses.
Si la solicitud puede atenderse, se envía un enlace de pago válido durante 24 horas. El contrato y la reserva de agenda quedan confirmados cuando el pago se completa correctamente. Si el despacho no acepta la solicitud, no se realiza ningún cobro. La aceptación de una consulta inicial no implica necesariamente la aceptación de un encargo profesional posterior.
3. Modalidades, duración y precio
| Modalidad | Duración | Precio total | Pago para confirmar |
|---|---|---|---|
| Presencial | 60 minutos | 100,00 € (IVA incluido) | 100,00 €, importe completo tras la aprobación. |
| Videoconferencia | 60 minutos | 100,00 € (IVA incluido) | 100,00 €, importe completo tras la aprobación. |
Antes de ordenar el pago se muestra de nuevo el importe total. El pago se tramita mediante la pasarela segura disponible en el sitio; el despacho no recibe los datos completos de la tarjeta. Se emitirá el justificante o factura que corresponda.
4. Desarrollo de la consulta
La persona solicitante debe facilitar datos de contacto correctos y conectarse o acudir puntualmente. En videoconferencia, el enlace y las indicaciones se remiten al correo facilitado. La consulta comprende orientación jurídica durante el tiempo indicado; escritos, gestiones, actuaciones procesales o un encargo posterior requieren presupuesto o acuerdo aparte.
5. Cambios y cancelaciones
Puede solicitar un cambio o cancelación escribiendo a contacto@gonzalez-asociados.es o llamando al 924 314 031. Con al menos 24 horas de antelación, podrá reprogramar la cita o solicitar el reembolso de lo pagado. Con menos de 24 horas o en caso de incomparecencia, el despacho podrá retener el importe abonado por el tiempo reservado, salvo causa de fuerza mayor acreditada o derechos legales que resulten aplicables.
Si el despacho cancela una cita ya pagada y no se acuerda una alternativa, se reintegrará íntegramente lo abonado por el mismo medio de pago cuando sea posible.
6. Derecho de desistimiento
Cuando contrate como consumidor, dispone con carácter general de 14 días naturales desde la celebración del contrato para desistir sin indicar motivo. Puede comunicarlo mediante una declaración inequívoca o utilizando el modelo incluido al final de esta página.
Si pide que la consulta se celebre dentro de esos 14 días, solicita expresamente el inicio del servicio durante el plazo de desistimiento. Si desiste una vez iniciada pero antes de completarse, deberá abonar la parte proporcional ya prestada. Una vez ejecutada completamente la consulta, perderá el derecho de desistimiento si previamente prestó su consentimiento expreso y reconoció esa consecuencia.
7. Incidencias y reembolsos
Si el pago se carga pero no recibe confirmación, no repita la operación: contacte con el despacho para comprobarla. Los reembolsos acordados se ordenan sin demora indebida y, salvo acuerdo distinto, por el mismo medio usado en el pago; el tiempo final de abono depende de la entidad de pago.
8. Protección de datos y confidencialidad
Los datos se tratan para gestionar la solicitud, la relación precontractual y contractual, el pago, la facturación y las obligaciones profesionales. No envíe documentos ni información especialmente sensible de terceras personas mediante el resumen inicial. Consulte la política de privacidad.
9. Legislación aplicable
Estas condiciones se rigen por la legislación española. Cualquier controversia se someterá a los juzgados y tribunales que resulten competentes conforme a las normas imperativas de protección de consumidores y usuarios, sin limitar los derechos que dichas normas reconozcan.
