En este apartado de Preguntas y Respuestas hemos reunido las consultas más habituales que recibimos en el despacho, con respuestas claras y directas para ayudarle desde el primer momento.
Se considera delito contra la Seguridad Social aquel que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida.
Así mismo, el Código Penal incluye a quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, mediante error provocado con la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública.
Dejar de ingresar las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores.
Simular contratos o situaciones laborales para obtener beneficios o subvenciones indebidas.
Ocultar información relevante sobre salarios o número de empleados.
Falsear documentos para obtener prestaciones (por ejemplo, bajas laborales falsas o subsidios de desempleo indebidos).
Las penas varían según la cantidad defraudada o la gravedad de la conducta. Dependiendo del precepto en el que encaje la conducta, ésta podría llegar hasta los 6 años de prisión y multa del doble al séxtuplo de la cantidad, en las conductas más graves.
Tomando como referencia el tipo de defraudación a la seguridad social por una cantidad que exceda 50.000 €, la pena contemplada es de 1 a 5 años de prisión y multa del tanto al séxtuplo de la cantidad defraudada (salvo regularización). También se impondrá la inhabilitación de obtener subvenciones o beneficios por tiempo de tres a seis años.
Sí. Normalmente, se considera delito si la cantidad defraudada excede los 50.000 euros en un periodo de cuatro años. Si la cuantía es menor, podría tratarse de una infracción administrativa, no penal.
Por regla general, el plazo de prescripción es de 5 años. Sin embargo, puede variar según la pena máxima aplicable. En todo caso, se empieza a contar desde que se pudo conocer la infracción o desde la finalización de la conducta delictiva.
El Código Penal establece que se produce la regularización cuando el obligado haga el completo reconocimiento y pago de la deuda antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras para la determinación de dichas deudas o antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.
También resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.
Esto evitará que se le persiga por las irregularidades contables o falsedades previo a la regularización.
Si existe condena penal, quedan antecedentes penales que pueden afectar a la vida laboral y a la posibilidad de solicitar ayudas o subvenciones.
Estos antecedentes pueden cancelarse cuando transcurra el tiempo legalmente previsto sin volver a delinquir y se cumplan los requisitos de cancelación.
Asesoramiento.
Revisamos la situación fiscal y laboral de tu empresa o su situación personal para detectar posibles riesgos de incumplimiento.
Le representamos ante los órganos judiciales en caso de imputación por un delito contra la Seguridad Social. Negociamos con la Fiscalía y la Seguridad Social para buscar la mejor solución (por ejemplo, pago de la deuda y atenuación de la pena).
Interponemos recursos en vía administrativa y penal si consideramos que no existe delito o que la calificación debe revisarse.
Si hay deudas con la Seguridad Social, le guiamos para regularizar tu situación y así poder beneficiarte de posibles reducciones de pena o incluso evitar el procedimiento penal.
Nuestro equipo multidisciplinar (abogados laboralistas, penalistas y expertos informáticos) analiza la contabilidad, los sistemas de gestión de la empresa y cualquier prueba digital que se precise para tu defensa.
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