En este apartado de Preguntas y Respuestas hemos reunido las consultas más habituales que recibimos en el despacho, con respuestas claras y directas para ayudarle desde el primer momento.
El Derecho Administrativo Laboral se refiere a la parte del ordenamiento jurídico que regula la intervención de las Administraciones Públicas en las relaciones laborales. Incluye, por ejemplo, la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la concesión de ayudas y subvenciones en materia de empleo, y los procedimientos sancionadores por infracciones laborales.
No es exactamente lo mismo que el Derecho Laboral general (más enfocado en la relación entre empleador y trabajador), sino que se centra en cómo interviene la Administración para controlar y garantizar el cumplimiento de las normas laborales.
Los organismos públicos que intervienen en materia laboral incluyen:
1. Inspección de Trabajo y Seguridad Social: Se encarga de vigilar el cumplimiento de las normas laborales (contratos, seguridad social, prevención de riesgos, etc.).
2. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y organismos autonómicos de empleo: Gestionan subsidios, prestaciones y subvenciones al empleo.
3. Seguridad Social: Controla y gestiona las altas, bajas, cotizaciones y prestaciones.
Si la Inspección de Trabajo detecta una infracción (por ejemplo, falta de alta de un trabajador, contratos irregulares, impagos de salarios), puede iniciar un expediente sancionador. Es decir, tendrás un plazo para presentar alegaciones y aportar pruebas. Dependiendo de la gravedad, las sanciones pueden ser económicas y/o conllevar otras consecuencias (por ejemplo, limitaciones para recibir ayudas).
Debes asegurar el alta de tus trabajadores, cotizar mensualmente por cada uno de ellos (incluida tu propia cotización si eres autónomo) y notificar cualquier variación en los contratos. Si no cumples, la Administración puede imponerte recargos, intereses e incluso sanciones económicas.
Depende del tipo de procedimiento. Por regla general, la Ley fija un plazo máximo de 3 meses (si la norma reguladora no menciona nada al respecto) para resolver, salvo que la norma aplicable establezca otro plazo. Si transcurre el plazo sin respuesta, puede producirse el silencio administrativo (positivo o negativo, según el caso).
Un abogado especializado conoce los procedimientos administrativos, los plazos y la normativa laboral. Puede asesorarte para evitar sanciones, negociar con la Administración y acudir a la vía judicial si es necesario.
La complejidad de la normativa hace que el apoyo profesional sea clave para proteger tus intereses.
Analizamos la situación laboral de su empresa para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Así mismo le ayudamos a prevenir posibles sanciones administrativas al identificar y corregir cualquier irregularidad en materia de contratación, cotizaciones y prevención de riesgos.
Le representamos y defendemos sus intereses ante los posibles procedimientos iniciados por la Administración.
Desde el primer momento nuestros clientes cuentan con presupuestos cerrados y por escrito para que conozcan de antemano el coste total de los procedimientos.
Trabajamos por tanto con presupuestos ajustados y en caso necesario podemos acordar facilidades de pago.
Tanto en estos procedimientos como en cualquier otro nuestros clientes cuentan con absoluta garantía de confidencialidad y discreción.
Es importante contar con buenos profesionales en el ámbito del derecho de familia.
Recuerde que al igual que en la medicina existen especialistas, también los hay en el ámbito del derecho.
Nuestro objetivo es brindar un servicio transparente, eficaz y fundamentado en la legislación y la jurisprudencia más actualizada, facilitando a nuestros clientes la comprensión de sus derechos y obligaciones. Quedamos a disposición para cualquier duda adicional.
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