En este apartado de Preguntas y Respuestas hemos reunido las consultas más habituales que recibimos en el despacho, con respuestas claras y directas para ayudarle desde el primer momento.
Las “medidas provisionales” son decisiones temporales que toma un juez para resolver aspectos urgentes mientras se está tramitando un divorcio o una separación. Imagina que, durante el proceso de divorcio, surge la pregunta de quién se queda en la vivienda familiar o cómo se mantienen económicamente los hijos menores. El juez, para evitar perjuicios o conflictos mayores, establece de forma rápida y temporal qué obligaciones tiene cada cónyuge y cómo se organizan ciertos temas importantes (por ejemplo, la custodia, la pensión de alimentos o el uso del domicilio familiar). Estas medidas estarán vigentes hasta que se dicte la sentencia definitiva que ponga fin al procedimiento.
El fundamento de estas medidas provisionales se basa en proteger a los hijos menores de edad involucrados en el proceso, evitar que el cónyuge con menos recursos se vea perjudicado mientras se resuelve la situación del divorcio y todo ello con más rapidez que con la que se resuelve
Custodia y régimen de visitas para los hijos menores.
La custodia es la responsabilidad de cuidar a los hijos en lo cotidiano (dónde viven, quién se encarga de su educación, atención médica, etc.). El régimen de visitas establece cómo y cuándo el progenitor que no tiene la custodia puede convivir o estar con los hijos.
Se busca asegurar el bienestar de los menores y que mantengan relación con ambos progenitores.
Pensión de alimentos a favor de los hijos.
Es una cantidad de dinero que el progenitor que no convive de forma habitual con los hijos paga para cubrir sus gastos de alimentación, educación, vivienda, ropa, ocio, etc.
Para que los menores tengan cubiertas sus necesidades económicas y se garantice su nivel de vida, independientemente de la separación de los padres.
Pensión compensatoria, si procede.
Es una pensión que un cónyuge paga al otro si, tras la separación o divorcio, se produce un desequilibrio económico entre ellos (por ejemplo, uno de los cónyuges dejó de trabajar para cuidar de la familia).
Para intentar que la persona que sufre ese desequilibrio no se quede en una situación económica muy desfavorable.
Uso de la vivienda familiar.
Determinar quién continúa viviendo en el domicilio familiar tras la separación.
Se utiliza para ofrecer estabilidad, especialmente si hay menores, y evitar perjuicios inmediatos a quien pueda tener más dificultades para encontrar otra residencia.
En las medidas provisionales se distinguen dos momentos en los cuales se pueden solicitar al juez.
Medidas provisionales previas: Se piden antes de presentar la demanda de divorcio o separación. Su objetivo es proteger de forma inmediata a los hijos o a uno de los cónyuges cuando exista urgencia o necesidad (por ejemplo, asegurar un sustento económico básico o regular el régimen de visitas si hay riesgo de conflicto).
Medidas provisionales coetáneas: Se piden al mismo tiempo que se presenta la demanda de divorcio o separación. Se incluyen dentro de la propia demanda para que el juez las acuerde durante la tramitación del proceso y se mantengan hasta que haya sentencia definitiva.
En definitiva, sea cual sea el momento de solicitarla, su finalidad es ofrecer una protección inmediata y regular las cuestiones más urgentes (custodia de los hijos, pensiones de alimentos, uso de la vivienda, etc.) mientras se resuelve el proceso de divorcio o separación de manera definitiva. De esta forma, se garantiza la estabilidad de todos los implicados, especialmente de los menores, y se evitan situaciones de conflicto o desprotección.
Sí. En los procedimientos de familia (divorcio, separación, adopción de medidas provisionales, etc.) resulta obligatorio presentar la demanda a través de un abogado y estar representado por un procurador.
Como es común, el abogado se encarga de redactar la solicitud (demanda de medidas provisionales), asesorarte legalmente, argumentar ante el juez y defender tus intereses. Por su parte, el procurador representa formalmente al cliente ante el juzgado o tribunal y se ocupa de los trámites procesales (presentación de escritos, notificaciones, etc.).
Normalmente se asigna a quien tenga la custodia de los hijos menores para asegurar su estabilidad. En este sentido, el uso de la vivienda familiar suele atribuirse al progenitor que se queda con su custodia para proteger el interés superior del menor, ofreciendo estabilidad en su entorno y evitando cambios bruscos en sus condiciones de vida (colegio, entorno social, etc.)
Cuando no hay hijos o estos son mayores y económicamente independientes, el juez valora otros factores para decidir. Uno de ellos es la situación económica de cada cónyuge (quién tiene más capacidad para hacer frente a un alquiler o compra de otra vivienda). Así mismo también se valora el estado de salud o circunstancia de vulnerabilidad de uno de los cónyuges, titularidad de la vivienda (si es privativa de uno de los cónyuges o de ambos en copropiedad) o duración y condiciones en las que se atribuye el uso (el juez puede fijar límites de tiempo si ya no existen menores o no es estrictamente necesaria esa protección).
Dado que las medidas provisionales se consideran algo urgente —especialmente cuando afectan a menores o a situaciones económicas delicadas—, los juzgados intentan resolverlas en el menor tiempo posible. No obstante este tiempo variará en función la carga de trabajo de los juzgados.
Si nos acogemos a la Ley, en los casos de medidas provisionales previas, tras la solicitud se citará a las partes en un plazo de diez días para que comparezcan y comprobar si se ha llegado a un acuerdo. En caso de que no lo haya se les volverá a citar en los diez días siguientes para que presenten alegaciones y pruebas. Tras esto el juez resolverá en tres días.
En el caso de que las medidas se soliciten en la propia demanda, se citará a las partes (y Fiscal si corresponde) siguiendo el camino marcado para las solicitudes previa a la demanda.
También cabe la posibilidad que las partes lleguen a un acuerdo. Esto reducirá los tiempos.
En resumen. La ley marca unos determinados tiempos en el procedimiento pero no es posible predecir una duración determinada puesto que dependerá de los pasos que se sigan y de los tiempos de los juzgados por la carga de trabajo, complejidad del caso, etc.
Lo más correcto para resolver esta duda es consultar con un profesional que pueda estudiar el caso de forma más concreta y detallarle el tiempo estimado de resolución.
Lo establecido en relación a las medidas provisionales tiene fuerza ejecutiva, es decir, se debe realizar y, en caso de que no se lleve a cabo, se puede solicitar la ayuda judicial para obligar a ello.
Si la otra parte no cumple con lo ordenado (por ejemplo, no paga la pensión de alimentos o impide las visitas), la parte perjudicada puede acudir de nuevo al mismo juzgado que dictó las medidas y pedir la ejecución forzosa.
Con ello se podría llevar a cabo embargando cuentas o salarios de la persona que debe abonar la pensión de alimentos o compensatoria o imponer multas por cada día o semana de incumplimiento, para estimular que se cumpla la orden judicial.
Las medidas provisionales se establecen en base a una determina situación que se valora y se considera lo más adecuado hasta las medidas definitivas, a fin de no desproteger a las personas involucradas. No obstante, esta situación puede cambiar y por ello ser necesario re-evaluarlo.
En definitiva, sí, siempre que se produzca una alteración sustancial de las circunstancias que dieron lugar a esas medidas. Por ejemplo, si disminuyen los ingresos de quien paga la pensión de alimentos o si surgen nuevas necesidades para los hijos.
Sí. La existencia de un acuerdo previo entre las partes tiene una importancia decisiva en la tramitación y resolución de estas medidas provisionales.
Cuando los progenitores presentan de forma conjunta un acuerdo que recoja todas las cuestiones (custodia, pensión de alimentos, uso de la vivienda, etc.), el juez se limita a comprobar que dicho acuerdo no resulta contrario al interés superior de los menores ni a la legalidad.
Dado que no hay controversia, no se celebra una comparecencia para alegar y aportar pruebas; se valora el contenido del acuerdo y, de no existir reparos legales, se dicta la resolución judicial que aprueba esas medidas provisionales.
Por otra parte, al ser un acuerdo negociado por los propios progenitores, ambos mantienen el control sobre las condiciones que regirán las obligaciones económicas, la organización del tiempo con los hijos y cualquier otra cuestión relevante.
Las medidas provisionales fijan la custodia temporal (puede ser exclusiva o compartida) y un régimen de visitas.
Con esto se pretende asegurar que los menores dispongan de un entorno estable y de una organización clara de su día a día (lugar de residencia, colegio, horarios, etc.) mientras se resuelve la situación judicial.
Como se menciona en las preguntas anteriores, dichas medidas, que pueden ser acordadas entre las partes o resueltas de manera contenciosa, determinan tanto quién tendrá la custodia (exclusiva o compartida) como el régimen de visitas, la posible pensión de alimentos y el uso de la vivienda familiar.
Estas medidas durarán hasta que se establezcan las medidas definitivas o, máximo 30 días si no se interpone la demanda desde el día que el juez emitió el auto.
Evaluación de las circunstancias personales y familiares del cliente (situación económica, hijos a cargo, régimen de la vivienda, etc.).
Explicación clara de las opciones legales (medidas provisionales previas, coetáneas) y de los requisitos de cada una.
Ayuda en la obtención de nóminas, contratos, declaraciones de la renta, justificantes de gastos, etc., que demuestren la situación económica y familiar del cliente.
Asesoramiento sobre la acreditación de hechos relevantes (cuidado y gastos de los hijos, atención a personas dependientes, cambios en la capacidad económica, etc.).
Preparación de la demanda o del escrito solicitando medidas (ya sean previas o simultáneas a la demanda de divorcio o separación).
Intento de conciliación con la otra parte, a fin de lograr acuerdos que faciliten la rapidez y reduzcan la conflictividad (por ejemplo, acuerdos sobre uso de la vivienda familiar, pensión de alimentos o régimen de visitas).
Verificación de que el acuerdo respeta el interés superior de los hijos y resulta equilibrado para ambas partes.
Si no es posible llegar a un acuerdo, el despacho asume la defensa jurídica durante la vista de medidas provisionales.
Alegaciones y prueba ante el juzgado para acreditar la urgencia y la necesidad de las medidas solicitadas (p. ej., atribución de la custodia, fijación de pensión de alimentos, atribución del uso de la vivienda).
Si se dictan medidas y la otra parte incumple (no paga la pensión de alimentos, no respeta el régimen de visitas, etc.), el despacho tramita la ejecución judicial para hacerlas efectivas.
Asesoramiento sobre la posibilidad de requerir embargos de cuentas o salarios, petición de multas coercitivas o cualquier otra acción de cumplimiento forzoso.
En caso de cambio de circunstancias (pérdida de empleo, enfermedad, variación en la situación de los hijos), se asesora sobre la solicitud de modificación de las medidas.
Se estudia la viabilidad de un recurso de apelación si la resolución no se ajusta a lo esperado o lesiona los derechos del cliente.
Se enfatiza la necesidad de salvaguardar el interés superior del menor, conforme a la legislación española y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Se solicita, si procede, la escucha de los menores con madurez suficiente, evitando su exposición a conflictos innecesarios.
El despacho mantiene comunicación permanente con el cliente para informarle de la evolución del proceso y de los pasos siguientes.
Elaboración de estrategias de defensa personalizadas, tanto a nivel judicial como extrajudicial, para resolver cualquier incidencia que surja.
No somos ajenos a la situación económica de las familias.
Desde el primer momento nuestros clientes cuentan con presupuestos cerrados y por escrito para que conozcan de antemano el coste total de los procedimientos.
Trabajamos por tanto con presupuestos ajustados y en caso necesario podemos acordar facilidades de pago.
Tanto en estos procedimientos como en cualquier otro nuestros clientes cuentan con absoluta garantía de confidencialidad y discreción.
Es importante contar con buenos profesionales en el ámbito del derecho de familia.
Recuerde que al igual que en la medicina existen especialistas, también los hay en el ámbito del derecho.
González & Asociados Abogados se compone de profesionales con gran nivel profesional y amplia experiencia, lograda mediante el ejercicio práctico de la Abogacía.
La elección del profesional que le represente no es un asunto menor, pues de su labor depende en gran medida sus posibilidades de éxito, le ofrecemos Formación, Experiencia y Especialización como garantía de la excelencia de nuestro trabajo.
Le invitamos a que nos conozca mejor a través de esta pagina, en ella encontrará información relevante acerca de la trayectoria profesional de nuestros Abogados y de su especialización en las diferentes áreas legales.
