En este apartado de Preguntas y Respuestas hemos reunido las consultas más habituales que recibimos en el despacho, con respuestas claras y directas para ayudarle desde el primer momento.
La expropiación forzosa es el proceso legal por el que la Administración (por ejemplo, un ayuntamiento, una comunidad autónoma o el Estado) adquiere la propiedad de un bien privado para un fin de utilidad pública o interés social, compensando al propietario con una indemnización.
El justiprecio es la compensación económica que debe recibir el propietario por la expropiación. Se calcula según el valor real del bien en el mercado, más cualquier perjuicio adicional que pueda causar la expropiación (por ejemplo, pérdida de beneficios o gastos de traslado).
1. Declaración de utilidad pública o interés social.
2. Aprobación del proyecto expropiatorio.
3. Levantamiento de actas previas y/o de ocupación.
4. Determinación del justiprecio.
5. Pago de la indemnización o depósito.
6. Ocupación efectiva del bien.
1. Derecho a ser informado y a presentar alegaciones u oponerse.
2. Derecho a recibir la indemnización (justiprecio) antes de la ocupación del bien.
3. Derecho a impugnar la valoración ante los tribunales si considera que no se ajusta al valor real.
El propietario puede formular alegaciones y recurrir la declaración de utilidad pública o de interés social si no cumple las condiciones legales. Sin embargo, si la Administración cumple todos los requisitos, normalmente la expropiación seguirá adelante. Lo que sí puede discutirse es la cuantía de la indemnización.
El propietario puede solicitar una nueva valoración ante el Jurado de Expropiación o incluso acudir a la vía judicial para que un juez determine si la cantidad es adecuada.
El plazo puede variar según la complejidad del caso y la rapidez con que actúe la Administración. En términos generales, desde la declaración de utilidad pública hasta la ocupación pueden transcurrir varios meses o incluso años si hay impugnaciones judiciales.
Sí. La Ley establece que el pago del precio estará libre de gastos, impuestos o gravámenes. No obstante, la cantidad percibida por la expropiación sí computa a efectos de IRPF.
La Administración está obligada a abonar el justiprecio en el plazo de seis meses, antes de ocupar la finca.
Si no lo hace en plazo, el propietario puede exigir intereses de demora.
Le escuchamos su caso y revisamos la documentación para verificar que la expropiación se ajuste a la ley.
Si se encuentra en alguna de estas situaciones puede contactar con nosotros por vía telefónica en el 924 314 031 o localizarnos en Avda. Extremadura, 29, 2º, Mérida (Badajoz).
Nuestro equipo de especialistas le proporciona defensa desde la declaración de utilidad pública hasta la fijación del justiprecio y la ocupación.
Le asesoramos sobre las posibilidades de impugnación o negociamos la indemnización, apoyándonos en informes periciales sólidos.
No somos ajenos a la situación económica de las familias.
Desde el primer momento nuestros clientes cuentan con presupuestos cerrados y por escrito para que conozcan de antemano el coste total de los procedimientos.
Trabajamos por tanto con presupuestos ajustados y en caso necesario podemos acordar facilidades de pago.
Tanto en estos procedimientos como en cualquier otro nuestros clientes cuentan con absoluta garantía de confidencialidad y discreción.
Es importante contar con buenos profesionales en el ámbito del derecho de familia.
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